Sobre la Violencia, la Inseguridad y el Narcotráfico
La
violencia no deja de crecer en la Argentina. Una de las manifestaciones
que más escandalizan de esa violencia son las asociadas al crimen
organizado. Se trata de un fenómeno que tiene dimensiones
internacionales, donde la Nación tiene las principales herramientas para
combatirlo, pero que explota en los barrios populares sorprendiendo a
los municipios sin facultades para dar respuesta sobre a estas
situaciones. Los casos se suceden en diversos lugares del país, sin
embargo, el reclamo de soluciones difícilmente llegue al Ministerio de
Seguridad de la Nación.
La
violencia armada, especialmente la que involucra a niños, niñas y
jóvenes asociados al narco menudeo ocupa las noticias de este verano.
Las pocas estadísticas disponibles muestran que es la época del año en
que la violencia interpersonal trepa. Rosario ha llamado la atención por
una sucesión desgraciada de episodios. Durante los mismos días también
se publicaron los informes de la Corte Suprema de Justicia conducidos
por el prestigioso criminólogo y ministro Eugenio Zafaroni que explica
que en el Conurbano bonaerense el 40 por ciento de homicidios son por
venganzas y que en la Ciudad de Buenos Aires volvió a trepar el número
de homicidios. También en Córdoba aumentaron durante el 2012 un 70 por
ciento los homicidios, en Mendoza el crecimiento fue del 16 por ciento y
en Rosario el 15 por ciento.
Evidentemente
se trata de un fenómeno nacional, urbano, que se ensaña con los más
jóvenes y los más pobres. El crimen organizado se ha venido consolidando
durante décadas articulado, por definición, con cierta complicidad
estatal y en sociedad con algunos sectores económicos. La
desarticulación de la capacidad de control y reguladora del Estado
permitió los escándalos de las valijas en el entorno del ex presidente
Menem; por la misma época se instaló en el país la familia del ex capo
del Cartel de Medellín; el ex ministro de Economía Cavallo sembró sus
sospechas sobre Yabrán y las empresas que controlaban el tráfico de
cargas en los aeropuertos.
El
pico de crímenes violentos se vivió en el 2002. Pero ya estaban
consolidadas las estructuras ilícitas que se aprovechan de la
ineficiencia en los controles del Estado nacional para el ingreso de
sustancias ilícitas, para luego exportarlas (acaban de tener sentencia
los hijos del ex jefe de la Fuerza Aérea de Menem por traficar una
tonelada de cocaína en 2010), o bien para comercializarlas en el
consolidado mercado de drogas argentino que ya tiene consumidores
adictos, proveedores permanentes, canales de distribución, encubrimiento
y estrategias para el lavado de activos.
Las
economías ilícitas buscan la rentabilidad del negocio, para tratar de
reducir esa rentabilidad hay que tener un sistema efectivo de
persecución del lavado de dinero. ¿Cuántos casos de lavado de dinero
han sido descubiertos y denunciados en los últimos años?
Hay
que estar impregnado de mucho cinismo para culpar a un gobierno local o
a un gobierno provincial, por el crecimiento de la violencia armada,
mientras siguen saltando en los titulares de los medios, la presencia de
capos narcos colombianos o mexicanos, viviendo y haciendo negocios en
la Argentina.
Resulta
institucionalmente muy grave que un Secretario de Estado como Alejandro
Ramos o un Diputado Nacional de Santa Fe como Agustín Rossi estén
impulsando movilizaciones y acciones desestabilizantes contra un
gobierno legitimado por la voluntad popular en esta Provincia,
desligándose de la responsabilidad que ambos tienen en el gobierno, en
un momento en que la ciudadanía nos exige a todos la máxima
responsabilidad para articular políticas de estado en la lucha contra el
narcotráfico y la violencia. Es lamentable que representantes de esta
provincia estén encabezando una campaña nacional de estigmatización de
su provincia y de Rosario, con el único objetivo de posicionarse
electoralmente y de dañar la imagen de uno de los candidatos a
Presidente con mayores chances para 2015.
Mientras
en la UNASUR se propone un Consejo para abordar el crimen organizado
por su característica internacional, en la Argentina se pretende
responsabilizar a los gobiernos opositores por no solucionarlo, mientras
las fuerzas nacionales se concentran en los lugares de interés político
del partido de gobierno. ¿Ya nos olvidamos del tiroteo y asesinato de
colombianos en el Unicenter de Martínez? ¿Ya nos olvidamos también del
triple asesinato y el tráfico de efedrina hacia México? ¿Quedó superada
la denuncia de redes de trata que involucraban a argentinos y mexicanos
posiblemente asociados con los Zetas en Cancún?
Las
crónicas periodísticas relatan desde hace una década la consolidación
de la cultura narco primero en villas de la Ciudad de Buenos Aires y del
Conurbano. Últimamente, en todo el país.
Nadie
discute que en Rosario primero y ahora en Santa Fe se han desarrollado
políticas que han fortalecido la solidaridad social, los valores y la
participación, que se ha priorizado la inversión en educación, salud y
cultura. Pero resulta insuficiente ante la exclusión social generada por
la desigualdad persistente en la Argentina, la pobreza persistente en
la Argentina, la inflación persistente en la Argentina y la falta de
políticas nacionales de seguridad que enfrenten de manera efectiva y
sostenida el crimen organizado.
Pero
no alcanza con diagnósticos. Sostenemos que necesitamos ser eficientes
en el abordaje del narcotráfico mejorando la capacidad para perseguir y
desarticular efectivamente las organizaciones criminales. Necesitamos
centralizar información y capacidad de abordaje: la Argentina necesita
una agencia federal capacitada para la persecución penal del narco. Un
FBI contra las drogas. Pero también resolver de manera definitiva la
situación de pobreza y exclusión social en la que viven millones de
argentinos, especialmente en las grandes ciudades.
En
Santa Fe, hemos encarado un proceso de reforma policial que está en
marcha. La regionalización de la policía de seguridad mejorará la
articulación con la comunidad y los municipios. Pero al mismo tiempo
hemos creado la Secretaría de Delitos complejos en el ámbito del
Ministerio de Seguridad, que incluye una Subsecretaría de Delitos
Económicos que analiza información sobre renta, propiedades e
inversiones para detectar enriquecimientos injustificados, procurando
una intervención más efectiva en los mercados ilícitos donde se
comercian armas, drogas o personas. Desarticulando el nivel gerencial
que reinvierte el dinero de origen ilegal, estaremos terminando con
decenas de narcos que asolan las comunidades. Y también hemos reforzado
la estrategia de prevención social con participación de la comunidad,
para garantizar un mayor impacto sobre las zonas más afectadas por la
violencia. Pero, los cambios serios llevan tiempo y, difícilmente sean
totalmente exitosos si no hay también estrategias nacionales en el mismo
sentido.
Todos
los argentinos somos iguales, necesitamos que el Estado argentino se
ocupe de todos por igual, cualquiera sea el signo político que hayan
elegido para que los gobierne. Con la seguridad ha existido mucho
populismo que nos ha llevado a donde estamos. Demandamos un efectivo
gobierno político de la seguridad que pueda establecer y concentrarse en
las regularidades criminales y en los mercados ilegales que las
motorizan, donde el Estado nacional asuma su responsabilidad en materia
de trata de personas, tráfico de drogas, de armas y de mercancías
robadas. Sólo así empezaremos a cambiar las tristes postales de niños y
niñas subyugados por la plata sucia de los narcos que ingresan drogas al
país con total impunidad.
Partido Socialista
23/01/2013
Por Nicolás Lantos (Página12)
