La transferencia del subte quedó inmersa en una situación de grave inestabilidad jurídica derivada de la irresponsabilidad y la lógica economicista con la que se han desenvuelto el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno porteño.
No es casual que el acta que firmaron haya girado, casi en forma exclusiva, en torno a los subsidios y a la potestad de la Ciudad de fijar la tarifa unilateralmente, mientras su contenido carece de cualquier referencia a compromisos de inversión y a la necesidad de garantizar la calidad y la seguridad del servicio.
Terminaba el 2011, cuando apremiados por la urgencia de cerrar las cuentas públicas, los voceros presidenciales hicieron pública la decisión de deshacerse de la administración de la concesión del subterráneo.
Se registraba un giro sustancial en los argumentos oficialistas que habían venido abonando una interpretación restrictiva de la autonomía porteña y que, repentinamente, aparecieron empeñados en que la Ciudad se hiciera cargo del servicio porque estaba limitado a su territorio.
Pero el cambio se limitó a lo discursivo, porque se profundizó la estrategia de desconocer el mandato constitucional de asignar los fondos correspondientes.
Paralelamente, pareciera que recién con la tragedia ferroviaria ocurrida en Once, el Gobierno porteño tomó conciencia de las terribles falencias que afectan al transporte público .
La escasa frecuencia de los viajes, la falta de modernización, la escasez de vagones, las demoras en las obras de ampliación; todo se le vino encima como si recién hubiera asumido y el camino que eligió fue el de victimizarse ante la prensa y desentenderse frente a la sociedad, dejando en un estado de total desprotección a los usuarios del subte.
Para salir de este escenario, hace falta terminar con la política de la confrontación y avanzar en un traspaso ordenado del subte que, con el respectivo financiamiento naciona l, permita dar respuesta a los millones de porteños y bonaerenses que están reclamando viajar como personas.
Publicado en Clarín, 30/03/12
