Por la boleta única
El sistema de boleta única fue implementado, a través de distintas modalidades, por la mayor parte de los regímenes democráticos del mundo con el objeto de asegurar que las distintas ofertas electorales lleguen a la ciudadanía en igualdad de condiciones, garantizando el ejercicio de un derecho político básico como es el de elegir y ser elegido.
El planteo del debate de una transformación de estas características en nuestro país, que hacemos desde el Frente Amplio Progresista, no está atado a una especulación electoral ni pretende desconocer la legitimidad del triunfo obtenido por la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, en las elecciones del pasado 14 de agosto.
Sí responde a la necesidad de evitar que se sigan sucediendo intentos fraudulentos y prácticas todavía vigentes, como la sustracción de boletas y otras que, en mayor o menor medida, interfieren en la posibilidad de los votantes de expresar, en forma autónoma, su opción electoral.
Las distintas fuerzas que integramos el Frente ya lo habíamos propuesto, sin éxito, en oportunidad del apurado tratamiento de la reforma política que impulsó el Gobierno nacional hacia fines del año 2009.
En esa reforma, a través de la cual se introdujeron modificaciones sustanciales referidas al financiamiento y la publicidad electoral, se estableció la celebración de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y se incorporaron otras disposiciones controvertidas respecto a la subsistencia de las expresiones políticas minoritarias, pero que mantuvieron inalterado el sistema de boletas por partido que, en América latina, sólo compartimos con Uruguay.
La experiencia desarrollada por el Gobierno que encabeza Hermes Binner en la provincia de Santa Fe demostró que, no obstante la fragmentación del sistema de partidos políticos, es viable la aplicación eficaz de la boleta única y la réplica de este tipo de mecanismos en el orden nacional, en aras de dotar de una mayor transparencia y equidad a los procesos eleccionarios.
Pese a las complicaciones propias del debut, este antecedente auspicioso, que contó con una aprobación del noventa por ciento de la población, es revelador de que cambios como éste no pueden surgir de la imposición de algunos sectores políticos sobre otros.
Muy por el contrario, exigen alcanzar un consenso básico en cuanto a la voluntad de poner en cabeza del Estado la responsabilidad de diseñar, imprimir y distribuir las boletas, para reducir considerablemente la desigual competencia electoral que se origina en el peso que todavía tienen las estructuras partidarias en el desarrollo de la elección.
Si logramos ponernos de acuerdo en ese primer objetivo, será mucho más sencillo determinar cuál es la variedad de boleta única que mejor se adapta a nuestra realidad y atender muchos de los cuestionamientos que se le hacen, vinculados entre otros temas, a la personalización de la política, el debilitamiento de los partidos y el riesgo de la gobernabilidad.
No ignoramos que con la boleta única siguen sin resolverse muchas de las irregularidades que se suscitan a la hora de realizar el escrutinio provisorio y remitir la información a las autoridades comiciales y que, por lo tanto, exige ser acompañada de otras acciones dirigidas a proteger la veracidad de los resultados electorales.
En ese sentido, no parece razonable sostener que el sistema actual es “inmejorable”, como pretenden algunos voceros del oficialismo, y por eso seguiremos trabajando para que se implemente la boleta única y se lleve adelante un amplio proceso de difusión y capacitación sobre su utilización dirigido al conjunto de la ciudadanía.
Lo haremos, como hasta ahora, convencidos del valor que para el fortalecimiento de nuestra democracia, tiene el voto de cada argentino y argentina.
Lo haremos convencidos de la trascendencia de promover, al mismo tiempo y con la misma fuerza, mecanismos de participación directa en la definición, ejecución y control de los asuntos públicos.
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